Entrevista a Javier Agüero Águila: “Sebastián Piñera, frente a la exigencia social de una nueva Constitución para Chile, no tiene margen de maniobra política” - Universidad Católica del Maule
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Entrevista a Javier Agüero Águila: “Sebastián Piñera, frente a la exigencia social de una nueva Constitución para Chile, no tiene margen de maniobra política”

Entrevista a Javier Agüero Águila:  “Sebastián Piñera, frente a la exigencia social de una nueva Constitución para Chile, no tiene margen de maniobra política”
6 Nov 2019

El académico del Departamento de Filosofía y director del Centro de Investigación en Religión y Sociedad (CIRS) de la Universidad Católica del Maule, Dr. Javier Agüero Águila, nos comparte su análisis en relación a la demanda de una nueva carta magna para el país. “Las Constituciones de 1833, 1925 y de 1980, las tres, han sido artefactos hechos de espalda a la ciudadanía y con una fuerte participación de los militares, con legalidad auto-atribuida, pero sin validez social”, comentó el investigador.

¿Cómo ve la necesidad urgente por una nueva Constitución Política que surge en la sociedad chilena hoy?

Debo partir diciendo que no soy un experto constitucionalista ni mucho menos. Mi intención aquí es poder contribuir con alguna reflexión sobre lo que una Constitución, así genéricamente, implica para la sociología más profunda de un país. En esta línea, la demanda por una nueva carta fundamental es un mínimo al interior de un sistema democrático que en los últimos 30 años se ha regido por una Constitución hecha de facto en condiciones de una dictadura brutal. Esta carta magna se redacta entre cuatro paredes, en un período muy corto de tiempo (hecha por una comisión designada que contenía solo hombres) mientras se torturaba y mataba gente. Por esta razón, es el mínimo que una sociedad democrática, si pretende llamarse como tal, se merece. Una Constitución no es algo superficial, es la carta o ley fundamental sobre la que se edifica toda la estructura no solamente jurídica de un país, también implica y define la forma en que las personas se van a relacionar y el marco cultural que permite la generación de un tipo de individuo particular. Hablando de una Constitución que se construyó en el punto más álgido de una dictadura, con toda la arbitrariedad que eso significa, estamos en el terreno de una cultura política que, post Pinochet, sigue reproduciendo este mecanismo ilegítimo en todas las esferas de la sociedad chilena. Es lo mínimo.

¿Crees que es posible considerando el escenario?

Creo que es ahora o nunca. Una parte de la derecha por primera vez en la historia de este país se está abriendo, tanto como pueden, a esta discusión. No olvidemos, además, que en el segundo gobierno de Bachelet hubo un intento tardío con la realización de cabildos e información sistematizada que, si bien no llegó a puerto, generó una discusión transversal. Hoy asistimos a un estallido social de una enorme magnitud, que viene a enrostrarnos una historia que desde el siglo XIX o incluso más atrás, da cuenta de un extendido y sedimentado relato en torno al abuso. El estallido social es tan profundo y radical que hace emerger por sí sola la necesidad de una nueva Constitución. Me doy cuenta, luego de participar en diferentes espacios universitarios y comunitarios, que la gente está clara respecto de lo que se debe cambiar completamente y no reformar parcialmente: la Constitución de Jaime Guzmán. Estados Unidos tuvo la primera Constitución del mundo liberal, antes que la francesa, la llamaban The Queen of the Laws (La Reina de las Leyes). Efectivamente –citando a Fernando Atria– una Constitución es la gran decisión que permite que todas las demás decisiones sean tomadas, es la reina de todas las decisiones. Hoy es posible porque las movilizaciones históricas nos han mostrado que con la Constitución que tenemos se ha construido un sujeto desafiliado, atomizado y que se despliega y organiza al interior de una cultura del abuso planificadamente construida.

¿Seguir parchando o partir de cero?

En Chile ha habido múltiples constituciones, hubo reformas provisorias como la de 1812 y 1818. Entre 1819 y 1830, que se llamó la época de la anarquía en la que se estaban conformando los estados en América Latina, se suceden varias, entre otras la moralista o la liberal de 1828 (que era una hermosa constitución que no fructificó por ser un Chile dominado por la oligarquía), por ejemplo. Sin embargo, como sabemos, tres han sido definitivas, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, que se extendieron en el tiempo y que fueron construidas en mayor o menor medida bajo la mirada atenta de los militares. Cuando hoy se demanda una nueva Constitución estamos hablando por primera vez en la historia de Chile de una que surja y se levante sobre las espaldas de la soberanía popular, sin la tutela de los militares. No olvidemos “el ruido de sables” de los militares en el Congreso previo a la Constitución de 1925. O para ir al principio, la de 1833, que si la miras solamente por encima, ya te das cuenta que es tremendamente autoritaria y elitista. Para qué hablar de la actual que se votó con militares y metralletas afuera de las urnas, sin posibilidad de campaña para la oposición y sin registros electorales. Las Constituciones de 1833, 1925 y de 1980, las tres, han sido artefactos hechos de espalda a la ciudadanía y con una fuerte participación de los militares, con legalidad auto-atribuida, pero sin validez social.

¿Qué hace diferente el escenario hoy?

La ciudadanía está ultra movilizada y no va a bajar la presión. No obstante, esto pasa también por decisiones políticas de orden mayor, es un tema de voluntad política. Hay dos grandes vertientes que nos amarran la Constitución del 80, primero su estructura jurídica, es decir lo que todo el mundo sabe y que delimitó a la perfección el genio autoritario de Guzmán: “haga lo que haga la oposición y aunque se le pueda atribuir pequeños triunfos o logros, siempre ganaremos los mismos”, es una Constitución llena de trampas y la cancha nunca se emparejará.  Por otro lado, estamos amarrados los últimos 40 años porque la clase política y la elite en general de este país ven en la Constitución del 80 el ecosistema propicio para reproducir su poder. Existe un miedo muy profundo de las elites a perder sus privilegios. Entonces esto también pasa por una decisión política mayor.

¿Cómo ve el actuar del gobierno en este tema?

Sebastián Piñera, frente a la exigencia social de una nueva Constitución para Chile, no tiene margen de maniobra política. Veo que está reaccionando como lo hace porque ha sido presionado por la ciudadanía, por un estallido feroz. Lo que correspondería y espero que lo termine haciendo porque, insisto, no tiene margen, es llamar a un plebiscito para una nueva Constitución. El cambio de gabinete y las reformas que se están tomando sobre la marcha, son decisiones cosméticas que no apuntan a la transformación radical que la ciudadanía realmente está pidiendo. Si el Presidente no escucha esta demanda seguirá teniendo gente manifestándose en las calles, millones de personas ejerciendo presión y dando cuenta de que hay un Chile que se terminó y que requerimos de un nuevo pacto social, donde primen valores como la solidaridad, lo común, el reconocimiento y el sano desacuerdo tan vital para comenzar a creer en una democracia real. En este sentido, una Constitución no es el punto de llegada sino el de partida para la construcción de un nuevo lazo social.

¿Qué camino seguir y qué elemento debiera tener una nueva Constitución de Chile?

Nuestra nueva Constitución tiene que nacer plena de legitimidad. Hoy estamos más frente a un momento político-instituyente que metodológico-constituyente. Es decir, es el momento instituyente de un relato y de una necesidad que efectivamente es fruto de una enorme represión histórica que se ha traducido en abusos y que emerge como estallido social. Estamos en un escenario en el que, finalmente, el Presidente tiene muy poco oxígeno político. Entonces la ruta es, primero, instituir el relato sobre la necesidad y luego devenir en la parte más metodológica de lo que implica una nueva Constitución. Esto puede ser una Asamblea Constituyente o lo que se quiera, pero tiene que nacer con legitimidad y no fruto de acuerdos políticos de espaldas a la sociedad o de manera espontánea, se debe seguir un camino lo más democrático posible donde todas y todos nos sintamos parte de la construcción de un relato vinculante. Hoy son tiempos políticos, luego vendrán los metodológicos.

¿Cómo analizas el actuar del mundo político en respuesta a la demanda social de una nueva Constitución?

A mi parecer el gobierno ha dado palos de ciego desde el primer día. Recordemos que el primer gran acontecimiento, cuando los secundarios irrumpen y evaden el cobro del metro, es en respuesta a frases tremendamente desatinadas que, básicamente, fueron una burla y una bofetada para la gente, como: “bajaron las flores, compren flores” o “levántense temprano”, lo que da cuenta de un nivel de descaro y poca sintonía increíble. Después el Presidente Piñera sale hablando de una guerra, luego se toma la decisión de sacar los militares a las calles sabiendo lo que significa para el imaginario colectivo de este país tener a los militares en las calles. Algo cierto: si le pasas un arma a un militar tarde o temprano la disparará, está entrenado para eso. Ahora bien, y para ser justos, tampoco esto se puede abreviar en el Presidente, él es la guinda ricachona de esta torta neoliberal. Este es un proceso acumulativo, una suerte de batalla larga e histórica de la clase política por defender sus privilegios, financiando sus campañas con aportes de privados, legislando para sí misma y olvidando que con cada decisión que tomaban sumaban un gramo más al enorme trauma social que vino a estallar en las últimas semanas, en fin, todo un tejido relacional hecho a la medida. De cara a esto el gobierno ha dado respuestas ineptas, destempladas y a destiempo, decidiendo sobre la coyuntura. Al día de hoy tengo algo más claro lo que se tiene que hacer en este momento político: que el Presidente Piñera llame a un plebiscito para el 2020 que genere la legitimidad necesaria para una nueva Constitución política para Chile.

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